A propósito de la reforma política

La democracia no es perfecta pero si es perfectible...

Por: Luis Villarreal Gil      @LuisVillarrealg

Mucho se ha hablado de la reforma política que ha sido aprobada y que habrá de regir los procesos electorales a partir del de 2015 que está por iniciar en septiembre próximo, sin embargo, queda mucho aun por explicar por parte de las autoridades correspondientes a fin de que dicha reforma pueda ser entendida por el ciudadano promedio e incluso por actores políticos y las dirigencias de los partidos en las entidades federativas puesto que se conoce a grandes rasgos los puntos principales que esta contempla pero se carece de información en cuanto a la aplicación de los procedimientos de fondo para hacer frente al próximo proceso electoral.

En este sentido, debe entenderse primero que dicha reforma propició el surgimiento de tres nuevos ordenamientos: la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; los tres son del orden público y observancia general en el territorio nacional, sin embargo, a diferencia del anterior COFIPE (sustituido hoy por la LEGIPE) que regulaba y establecía normas de carácter federal, dejando que las entidades federativas hicieran lo propio, estos tres ordenamientos tienen por objeto establecer disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales estableciendo la normativa así como las competencias entre la federación, los estados y los municipios.

Lo anterior significa que el nuevo Instituto Nacional Electoral –INE-, está facultado para llevar a cabo procesos federales pudiendo atraer la organización de los comicios locales cuando así lo determine de acuerdo a las causales que la propia ley establece bajo los supuestos de factores que afecten la paz pública, los principios de imparcialidad o la intromisión gubernamental, dejando de lado a los Organismos Públicos Locales (antes Institutos electorales de los estados). Sin duda existirán muchas voces de partidos de oposición interesados en que el INE intervenga de manera directa, ¿la simple denuncia bastará? ¿Cómo se determinará un medio de prueba suficiente para establecer si existe intromisión o no?

Esta centralización de la función electoral correspondió a  propuesta de los legisladores panistas, cuyo objetivo - según ellos – es de garantizar elecciones libres y equitativas bajo el argumento de que los gobernadores intervienen  como el fiel de la balanza para favorecer a tal o cual candidato y dar curso a sus intereses, en teoría se justifica, en la práctica su aplicación está por verse.

Otro de los puntos relevantes que contempla la reforma es en cuanto a las candidaturas independientes, que si bien, el que un ciudadano no dependa para su postulación de un partido político es un logro para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, los requisitos que establece para tal efecto están todavía muy fuera del alcance de cualquiera, es decir, por ejemplo si un ciudadano pretende postularse como candidato independiente a la presidencia de la República requiere firmas de apoyo a razón del 1% del padrón electoral, es decir, alrededor de 800 mil firmas, para senadores y diputados se requiere el 2 %.  La situación así nos lleva a pensar que quienes habrán de aprovechar esta figura de candidatura independiente serían personajes con una capacidad económica holgada para poder sortear los trámites y procedimientos que este proceso conlleva, muchos de ellos procederán de los diferentes partidos que por una u otra razón no alcancen a ser candidateados por su partido de origen.

La paridad de género, es quizá uno de los puntos más acertados que establece la reforma política, dictaminando que 50 % de las candidaturas a puestos de representación popular deberán ser integradas por mujeres, propietario y suplente, esto se da como una respuesta al empoderamiento femenino donde sus condiciones de participación al día de hoy se encuentran muy por debajo en comparación a las de los hombres, para ejemplificar esto,  en suma, en la Cámara de Diputados 37% son mujeres (185 de 500), mientras que en la Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81% (42 de 128), actualmente ningún estado de la Republica es gobernado por una mujer y sólo tres de los 25 espacios del gabinete del presidente Enrique Peña están ocupados por mujeres, datos que obligan a la reflexión en cuanto a la necesidad del impulso para generar igualdad de condiciones no solo en cuanto a la participación política de la mujer sino en el rol desempeñado por ellas en general.

El tema hoy planteado es demasiado amplio imposible de abarcarlo en su totalidad en estas líneas, aún quedan muchas dudas y consideraciones que pudieran ser objeto de análisis, lo cierto es que dicha reforma trae consigo puntos realmente positivos y otros tantos que sobre la marcha deberán ir siendo modificados y perfeccionados en pro de una democracia cada vez con menos vicios.