“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.”
Por:
Luis Villarreal Gil @luisvillarrealg
Como lo anticipamos en este
mismo espacio, el miércoles pasado quedo aprobada la reforma político electoral
en el estado de Durango, convirtiéndose en la onceava entidad que se suma para
adecuarse a los lineamientos de la reforma que el Congreso de la Unión aprobara
en diciembre de 2013.
Mucho se ha hablado de los
cambios de gran trascendencia que dicha reforma traerá en cuanto a la forma de
participación política y los mecanismos regulatorios de los procesos
electorales, uno de los puntos que contempla y que a mi consideración son de
singular importancia, es el aumento del dos al tres por ciento en cuanto a los
votos necesarios para que un partido mantenga su registro. Esta medida viene a recaer
específicamente en los institutos políticos considerados “pequeños” dado que, a
manera de ejemplo, tomando en cuenta la votación de las elecciones federales de
2012 a diputados de mayoría relativa, partidos como el PVEM no alcanzó el tres
por ciento que se requerirá a partir de los próximos comicios electorales en 13
estados de la República, mientras que el PT en 21, el MC en 28 y el PANAL en 7.
En cuanto al panorama local,
si tomamos en cuenta la elección a diputados de mayoría relativa de 2013 en nuestra
entidad y de acuerdo a los datos del IEPC, el Partido Nueva Alianza tiene
solamente el .93 % de los votos, el Partido Verde el .89% y el Partido Duranguense
apenas el .38 %. Es decir, de continuar la tendencia, estos partidos se verían
en grandes dificultades para permanecer con sus actividades políticas y de
proselitismo en muchas de las entidades del país.
La estructura electoral de
México es considerada como una de las más caras del mundo, ejerciendo un gasto
en este rubro incluso por encima de países más ricos y desarrollados.
Esto hace necesario - al
menos que los institutos políticos tengan un sustento de representación popular
mínimo que legitime su actuar y existencia o de lo contrario lo que debe
proceder, es que dejen de recibir los recursos que son del pueblo y que bien
pueden utilizarse en cuestiones propias del desarrollo social tan necesarias
ante los grandes índices de pobreza que hoy en día son una lacerante realidad
en nuestro país.
En base a esto se obliga a que
las dirigencias de los partidos que se verían afectados con lo estipulado en la
reforma, tomen medidas e incluyan una labor de proselitismo y acercamiento con
la gente más efectiva, adecuada a los nuevos lineamientos pero sobre todo a las
exigencias de un electorado cada vez más activo e informado que les permita no
solo a cumplir con el porcentaje de votación requerido, sino que sean capaces de
incidir también en el amplio número de ciudadanos apartidistas, desinteresados
en las cuestiones políticas y sobre todo de aquellos que se abstienen de emitir
su voto por considerarlo en muchas ocasiones inútil o en vano.
Así pues existe un gran reto
de los institutos políticos en México ante esta reforma de gran envergadura que
indiscutiblemente representa un gran cambio en materia electoral. Sin duda
existen diferentes posturas en cuanto a su implementación como con cualquiera
de las otras reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, lo
cierto es que tanto la reforma en cuestión como las otras, contemplan cambios
que se habían postergado y que hoy en aras del desarrollo y el progreso
resultaban sumamente necesarios. En este tenor, la voluntad política y cívica de
gobernantes y partidos políticos es indispensable, como también la
participación de la ciudadanía en general la cual debe ser capaz de asumir un
rol de mayor actividad en las decisiones que corresponden a nuestro país, solo
en conjunto sociedad y gobierno es posible lograr que México avance.
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