Por: Luis Carlos Villarreal Gil
@luisvillarrealg
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La
Estrategia Nacional de Inclusión impulsada por el Gobierno de la
República, es un instrumento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sociales de las personas en condiciones de vulnerabilidad y alta marginación,
con la coordinación y cooperación entre las dependencias y organismos de los
tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y
académicos, para que las acciones emprendidas puedan aplicarse de manera eficaz
en cada estado y en cada municipio.
El
objetivo es claro; concentrar los esfuerzos para reducir los indicadores de
pobreza y carencias sociales, con la participación activa de los gobiernos
estatales y municipales en el diseño del diagnóstico, prioridades, retos y
acciones, tomando en cuenta que las necesidades de una entidad a otra difieren
por diversas condiciones geográficas, presupuestales, etc. Así, al identificar
concretamente donde existe rezago, poder atender en conjunto casos específicos
de cada entidad en particular.
Esta
coordinación interinstitucional, permitirá que el ejercicio de la política
social pueda implementarse de manera transversal, con más eficacia y
oportunidad, generando las condiciones para que la población más vulnerable del
país tenga acceso a los beneficios de los programas y servicios que incidan de
manera directa en la reducción de los rezagos en indicadores concretos de
acceso a la educación, cobertura de salud, seguridad social, mejoramiento de
las condiciones de vivienda, acceso y calidad alimentaria, estabilidad de los
precios y mejoramiento del ingreso de las personas en condiciones de pobreza,
para lo cual deberán de manera coordinada, trazarse metas precisas que vayan
acorde con el Plan Estatal de Desarrollo de cada entidad y posteriormente
puedan generarse evaluaciones de las acciones realizadas para verificar los
avances y logros adquiridos.
Para
el logro de las metas establecidas, la aportación federal se hace a través del
FAIS – Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social – recursos que deben
dirigirse de manera exclusiva al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población
en condiciones de desventaja social, que encaje en algún tipo de rezago,
marginación o pobreza extrema.
